PRESENTACIÓN DEL GRUPO "PART-POL"
El Grupo de Investigación de Referencia PART-POL tiene por objeto de estudio el alcance del principio democrático y de las principales formas e instrumentos de participación política en las democracias avanzadas. Las constituciones europeas y los tratados de la UE reconocen a los ciudadanos el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o mediante representantes libremente elegidos. Su reconocimiento y tutela opera como presupuesto funcional de la democracia. Con la realización efectiva de ese derecho el pueblo gobernado se convierte en pueblo gobernante y se expresa el pluralismo existente en la sociedad. De ahí el reforzado estatuto jurídico con el que se ha garantizado el derecho de participación política y las formas, directa y representativa, en que puede concretarse tanto en el ordenamiento constitucional español como en el Derecho comparado. La investigación de ese estatuto y de las formas e instrumentos de participación mencionados constituyen, por ello, el objetivo preferente de nuestro grupo.
Aunque en nuestra Constitución y en las de nuestro entorno se ha potenciado la participación política a través de representantes electos, el derecho de petición, la iniciativa popular, las audiencias legislativas y las diversas modalidades de referéndum y consulta popular (incluso a través de medios electrónicos) son instrumentos de democracia participativa y semidirecta cuya potencialidad en las democracias consolidadas se está evidenciando en los últimos años (sobre todo en los ámbitos subcentrales) y constituyen nuestro objeto de estudio, en el que también se incluyen el fundamento, la vigencia y las paradojas de la participación representativa y del mandato libre en las democracias contemporáneas.
Los partidos políticos son instrumentos de intermediación absolutamente necesarios para dinamizar y materializar la participación política en cualquiera de sus formas: directa o a través de representantes. Sin los partidos, la formación y manifestación de la voluntad popular resulta sumamente difícil. Sólo ellos pueden proporcionar al sistema estatal los inputs capaces de configurarlo democráticamente, y sólo la capacidad organizativa de los partidos y la presencia de sus miembros en dichos órganos ofrece la posibilidad de que los outputs del sistema estatal –decisiones y acciones con distintos contenidos y formas- constituyan una expresión de las críticas e intereses, sea de la mayoría de la población, sea de lo que eventualmente puede ser considerado como promedio de la voluntad nacional en un período electoral dado. Por esta razón, nuestro grupo de investigación incluye el funcionamiento, la regulación y las deficiencias estructurales de los partidos políticos en su ámbito de estudio; particularmente las deficiencias, que en los últimos años están contribuyendo a poner en cuestión el alcance de la democracia participativa, en ocasiones mediatizada por la dinámica y la oligarquía partidistas.
No cabe olvidar, en fin, que la participación política no es posible sin un medio capaz de traducir las preferencias en votos y estos en decisiones colectivas, en el caso de la participación directa, o en escaños, para permitir la participación mediante representantes. Esta es la función de los procesos electorales, que tienen una enorme incidencia en la organización del poder público europeo, nacional, autonómico y local. Dada su capacidad legitimadora, constituyen una pieza central de los sistemas constitucionales sustentados sobre la participación política de sus ciudadanos. Por ello, estudiamos asimismo el rendimiento y los desajustes o paradojas más notorios de los mecanismos y garantías electorales implementados en los diversos ámbitos de participación.
Líneas de Investigación y Proyectos en desarrollo
La actividad del grupo comprende dos grandes líneas de investigación: por un lado, la participación política por medio de representantes libremente elegidos; por otro, la participación política a través de instrumentos de democracia directa y/o participativa. Ambas líneas de investigación, comprenden los siguientes proyectos de desarrollo:
Relativos a la participación política ciudadana a través de representantes
En un Estado democrático moderno, la participación del pueblo en las decisiones colectivas discurre normalmente por el cauce de la representación política. Estudiamos, por ello, las diversas posibilidades de mejora e implementación de esa participación en las instituciones y órganos representativos del Estado (Cortes Generales, Asambleas legislativas de las CCAA y plenos locales) y de la Unión Europea. A tal efecto, abordamos en primer lugar las limitaciones del llamado mandato representativo, proclamado en el art. 68 CE pero condicionado en la práctica por la intermediación de los partidos políticos.
El protagonismo adquirido por los partidos políticos exige reflexionar, asimismo, sobre las formas de hacer más partícipes a los ciudadanos, e incluso a los propios militantes, en las estructuras partidistas. Tomando como referencia la experiencia propia y diversas experiencias en derecho comparado, el grupo ha identificado las posibles iniciativas legales y las modificaciones estatutarias internas a adoptar, como las primarias en cuanto medio para pasar de una designación oligárquica de los candidatos hacia una designación de tipo democrático o la posibilidad de incorporar en nuestro sistema la limitación de tiempo de permanencia en los cargos representativos y la prohibición de acumulación de cargos internos como vías para romper el monopolio de unas elites políticas cerradas y burocráticamente congeladas.
En tercer lugar, el grupo analiza tanto el rendimiento de los sistemas electorales como su impacto sobre el sistema de partidos y la legitimación de las instituciones. Para ello se recurre asimismo al método de análisis comparado con el fin de identificar fortalezas y debilidades de sistemas similares al español. Objeto de atención también constituyen, finalmente, los gastos que conlleva la participación política, esto es la problemática de la financiación de los partidos políticos y de los procesos electorales.
Relativos a la participación política ciudadana a través de instrumentos de carácter directo o semidirecto.
Consolidadas después de treinta años de democracia nuestras instituciones representativas, se detecta la necesidad de un mayor acercamiento de los ciudadanos a la toma de decisiones políticas mediante instrumentos de democracia participativa. El grupo estudia, por ello, las posibles formas de fomento de la participación ciudadana en la decisión política tanto en sede legislativa como en sede ejecutiva.
Se trata de una materia novedosa en la línea marcada por las últimas reformas estatutarias y recientes propuestas legislativas autonómicas. En concreto, el grupo ha centrado su atención en los medios de participación directa en la fase preparlamentaria de la ley; así como en sede legislativa, y pretende proponer mejoras en la regulación de instrumentos como la iniciativa legislativa popular o las audiencias legislativas. El grupo, finalmente, ha identificado mecanismos de participación más novedosos, lo que ha llevado a analizar la potencial influencia de foros deliberativos ciudadanos que, gracias a las nuevas tecnologías (Internet, de manera fundamental), pueden establecer puentes comunicativos y de control entre la ciudadanía y sus representantes y cargos públicos. Todo ello, a partir de las experiencias que a este respecto han tenido lugar en nuestro país y en otros contextos jurídicos similares. De este modo, el grupo de investigación pretende identificar las fortalezas y debilidades de las nuevas formas de democracia directa y deliberativa en el Derecho interno y comparado.
Un ámbito específico de estudio son las nuevas formas de participación ciudadana en otros espacios. Uno primero de tipo más coyuntural, como son los procesos transicionales de paz, en donde la arquitectura constitucional y su correspondiente bloque de constitucionalidad ha dado base a la implicación e imbricación de múltiples espacios de la sociedad civil popular en la propia organicidad del proceso. Uno segundo más estructural, como es la articulación de nuevas formas de participación espacial-sociales en una nueva institucionalidad para la toma de decisiones político-administrativas directas; que pueden reflejarse como estructura que implica a toda la población, o bien a una parte concreta de la población con carácter étnico-social. Ambos espacios son reflejo fundamentalmente de los nuevos escenarios constitucionales que han sido habilitados en Latinoamérica.